Los fiscales militares 1TTE Keyla Emilse Ríos Lara y el 1TTE Israel Alfredo Echenique López, piden 25 años de presidio, contra oficiales de la llamada Operación Armagedón, por considerar que los delitos contra los militares son graves y atentan contra la integridad, independencia y libertad de la nación. Los fiscales aseguran que tienen elementos de convicción, basados en informes de Inteligencia, de que esos militares cometieron Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión Militar, conspiración para el motín y contra el decoro militar.
Los fiscales Ríos y Echenique, en el marco del expediente FM9-097-2018, solicitaron el 20 de mayo la orden de inspección judicial, registro, incautación y allanamiento de un apartamento en la residencia “Mirage” de la urbanización “Los Samanes” en Baruta, relacionado al general de división (GNB) Pedro José Naranjo Suárez. Argumentaron que era para buscar: armas, uniformes, documentos, explosivos, sellos, dispositivos de grabación, dinero, municiones, celulares, planos, tarjetas y otras cosas. Los fiscales dicen que en ese lugar habrían ocurrido reuniones para planificar las acciones conspirativas.
También solicitaron el 19 de mayo 2018, allanamiento de un apartamento en el edificio Vista Regency, en Chacao, porque ahí también se reunían los supuestos conspiradores. Lo extraño es que al alto oficial lo estarían juzgando por una reunión en su oficina de la Comandancia General de la Guardia, ocurrida el día 20 de mayo, con el GB (GNB) Nelson José Morales Guitián y el Mayor (GNB) Abraham Américo Suárez Ramos.
Defensores militares
A la mayoría de los 82 militares detenidos en lo que va del año 2018, los han obligados a aceptar defensores públicos militares. Les “sugieren” en la Dgcim, después de tenerlos incomunicados por más de 30 días, en absoluta vulnerabilidad y sin contacto alguno con su familia ni abogados, que lo más conveniente es aceptar a esos defensores, porque en caso contrario “no les va a ir bien”. Los alertan de que traten de no enojar al Gobierno para que puedan salir pronto, incluso los han presionado a aceptar que se declaren culpables para que así salgan pronto acogiéndose a beneficios.
Familiares han denunciado que a oficiales presos les han solicitado involucrar a María Corina Machado en una conspiración contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Varios de los oficiales de Acciones Especiales dijeron ante el Tribunal, el día de la Audiencia de Presentación, que fueron torturados en la Dgcim. Y aunque parezca increíble el Tribunal no ha hecho válido que un médico forense analizara a los oficiales detenidos, Es decir, algo tan grave, como la denuncia de tortura parece no ser importante para la juez Mayor Claudia Carolina Pérez de Mogollón.
Y los defensores públicos el mayor José Antonio Figueroa, defensa de los oficiales de la Aviación, y el capitán Enrique Alexánder Simeone, defensa de los oficiales UOPE de la Armada, no han insistido en la necesidad de determinar si esos oficiales fueron sometidos a tortura o están esperando que se les pase las evidencias que haya quedado de las mismas.
Otro hecho aberrante es que ninguno de esos defensores, ningún fiscal y peor aún ningún diputado o dirigente político ha denunciado con firmeza, la incomunicación sufrida por los oficiales detenidos con el argumento del código para centros penitenciarios, de mantenerlos incomunicados durante 30 días o más por acostumbramiento. Lo más infame es que los cuerpos de seguridad no son centros penitenciarios, pero la Dgcim y el Sebin aplican ese reglamento a criterio discrecional.
El caso Matus Ortiz
El teniente del Ejército Carlos Alberto Matus Ortiz estaba destacado en la 41 Brigada Blindada, en el estado Carabobo. Lo detuvieron el 10 de mayo, cuando estaba visitando a sus padres en Guasdualito del estado Apure. Lo trasladan a la Dgcim en Caracas y ahí lo mantienen incomunicado, desaparecido sin que su familia recibiera ninguna información sobre él.
En la Dgcim le negaron a su familia que el oficial se encontraba allí detenido. En Tribunales Militares dicen que ese nombre no aparece en ningún registro. Así sucede hasta que su hermana Patricia Matus, en un nivel de desespero, temiendo lo peor porque el teniente está recuperándose de una hepatitis, clama a través de las redes sociales que se le dé información sobre dónde estaba su hermano.
El 19 de junio en la noche le permitieron comunicarse con su familia y así les informa que el domingo había sido trasladado a la sede de la Dgcim en El Trigal de Valencia. Y que al día siguiente 20 de junio será presentado ante el Tribunal Militar y que debe presentarse con su abogado.
Pero a Matus Ortiz le siguen violando sus derechos, porque la juez militar Mayor Luz Mariela Santa Fe está de reposo y nadie sabe explicar cuándo se va a incorporar, mientras el teniente tiene casi 50 días detenido sin haber sido presentado ante un juez para la audiencia de presentación. Si eso no es violación al debido proceso y violación a sus derechos humanos, entonces ¿qué es?
Y para mayor perla, allá en la Dgcim de Valencia le dijeron a la familia que debía llevarle comida, obligando a sus familiares a tener que trasladarse desde Guasdualito para llevarle de comer al joven teniente de 24 años, a quien le han dicho que está involucrado en traición a la patria, instigación a la rebelión y otros más.
El informe DGCIM
El más reciente informe policial de la Dirección de Contra Inteligencia Militar (Dgcim), donde se refiere a la supuesta conspiración, es el Nr. DGCIM-DEIPC-AP-329-2018, del 19 de mayo 2018. Fue realizado por la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas de la DGCIM, suscrito por el TN Abel Angola y el agente Frank Rodríguez. Y fue enviado a la fiscalía militar por el inspector Edwin Altuve.
Es ahí donde dejan expreso que el capitán (RA) Enrique Taboada González tiene relación con el general Naranjo.
Por cierto que la Dgcim asegura que el Tcnel Ruperto Molina Ramírez, comandante del Grupo de Fuerzas Especiales N° 20, identificado como “Rambo”, asistió el 18 de mayo a una reunión en la urbanización “La Lagunita” en Caracas con el coronel retirado de la GNB Oswaldo Valentín García Palomo alias “Aquiles” y ahora “Ignacio”, Tcnel Carlos José Montiel López, la CN Emmy Mirella Da Costa Vanegas conocida como “Pepe” o “Barne”, el capitán de corbeta Eduardo José Jiménez Perfetti identificado como “Conejo”, CC Rafael Acosta Arévalo llamado “Luis Miguel” y el mayor Abraham Américo Suárez Ramos, comandante de la Unidad de la REDI Central del Grupo de Acciones de Comando de la GNB y quien según la Dgcim ha participado en reuniones para conspirar desde el año 2017.
Insisten en que en esa reunión se trató la orden de operaciones de lo que sería un golpe militar. En esa casa de “La Lagunita” habrían encontrado equipos de comunicaciones y brazaletes azules que serían usados al momento de la acción golpista, según dicen funcionarios de la Dgcim.
Relacionan al mayor Suárez Ramos como enlace de los generales Naranjo y Morales Guitián. Destacan como sitios de reunión una oficina ubicada en la urbanización “Bello Monte”, Baruta, que tendría alguna relación con el CC Jiménez Perfetti.
También hablan de la casa de la CN Da Costa Vanegas en un PH en el sector “Hacienda El Carmen”, edificio Terrazas del Solar.
La historia narrada por el informe de la Dgcim daría cuenta de que el coronel García Palomo entró, por la frontera de Táchira, a territorio venezolano desde Colombia. También llegó el Tcnel Carlos José Montiel López. Ambos con identidades falsas. Y viajaron por tierra a Caracas hasta esa casa de “La Lagunita”.
Caso Mora Alviarez
El 15 de mayo Carlos Andrés Mora Alviarez, quien tiene un taller de motos, estuvo muy feliz, en San Antonio del Táchira, mientras hubo mucha algarabía en el Puente Internacional Simón Bolívar, que divide territorialmente a Venezuela de Colombia. La llegada de María Corina Machado a la concentración de fronterizos que a ambos lados del puente la coreaba a ella y a los colombianos Andrés Pastrana y la hoy vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, también inundó al empresario Mora Alviarez. Él se hacía llamar fans de la líder de Vente Venezuela.
Siete días después, a las 4 de la tarde del 22 de mayo 2018, a Carlos Andrés Mora Alviarez lo detuvo, en San Antonio del Táchira, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). No mostraron la orden de aprehensión. Solo se lo llevaron.
La familia empezó a ubicarlo en San Cristóbal. No hubo información oficial. En la Dgcim, en Barrio Obrero, les dijeron que fueran a la sede del Sebin, en la Avd 19 de Abril, de allí los mandaron a la del FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), en la Avd. Libertador, pero Mora Alviarez no aparecía y oyeron que había sido trasladado a Caracas.
La familia lanzó alertas a través de las redes sociales. En un video aparecen sus dos hijos y su esposa Nelsy Núñez, alarmados por la desaparición del empresario. Su hijo Andrés José Mora Núñez aseguró que “no sabemos dónde está ni de qué lo acusan”. El 24 de mayo hubo una caravana por todo San Antonio del Táchira exigiendo la liberación de Mora.
Es necesario resaltar que cuatro meses antes, el 25 de enero 2018, fue detenido por traición a la patria, instigación a la rebelión y los demás delitos, un familiar de Mora, el Cnel (GNB) Pedro Javier Zambrano Hernández.
A los cuatro días de detenido, y por la presión pública, por fin a la familia le informan que Carlos Andrés está en la Dgcim en Caracas, cuando les entregaron la cartera y los lentes del comerciante. Pero no les permitieron verlo ni hablarle.
Como en todos los casos que lleva la Dirección de Inteligencia Militar, tampoco le permitieron a Mora Alviarez reunirse con su abogado privado ni en vísperas de la audiencia de presentación. Una semana después sin que su familia supiera nada de él, apareció imputado en el Tribunal Militar Segundo de Control, junto con ocho militares. Y aunque es civil lo enviaron a la cárcel militar de Ramo Verde.
En ese grupo de detenidos con Mora Alviarez, están los generales (GNB) Pedro Naranjo y Nelson Morales Guitián, los mayores (GNB) Abraham Suarez Ramos y Av Isaías Lenín Falcón Juárez; el TTE Edison Yanpier Márquez Caldera, los sargentos: S2 (GNB) Yoander José Blanco Rondón, S2 (GNB) Gregory Andrés Ojeda Alonzo y S2 (GNB) Jesús Alberto Peña Quintana.
El juez militar de ese caso es el Teniente Coronel José Rafael Mejía López, quien decidió como sitio de reclusión para los oficiales generales la sede de la DGCIM en Boleíta, Caracas; y la cárcel de Ramo Verde para los mayores, los tenientes y sargentos. La causa es la Nr. CJPM-TM1C-027-2018.
Los civiles
Son tres los detenidos por la supuesta conspiración de ahora. El ya nombrado Carlos Andrés Mora Alviarez, el doctor José Alberto Marulanda Bedoya y Antonio José Degouveia Spinola, imputados por Traición a la Patria, Instigación a la Rebelión Militar y Sustracción de Efectos pertenecientes a la Fuerza Armada.
PuntodeCorte.com / @SebastianaB