Las sanciones impuestas por Estados Unidos a personas, empresas e instituciones del Estado venezolano van a tener un impacto muy fuerte en la economía venezolana durante los próximos meses, a tal punto que, en el caso de Pdvsa, los análisis disponibles proyectan una caída de la producción a un orden de 500.000 barriles por día, lo que significa que Venezuela dejaría de ser un exportador de crudo, por primera vez desde la década de los años 20 del siglo pasado.
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Nadie escapará, en consecuencia, de las derivaciones de estas decisiones de la administración Trump, respaldadas, en general, por los estados de la Unión Europea y gobiernos de América Latina que se han comprometido con un cambio político en Venezuela.
Las sanciones son amplias, profundas y diversas. En la medida en que vayan entrando en vigencia, una vez caduquen las licencias de excepción que acompañan a algunas, se comenzará a ver la salida de empresas extranjeras, la culminación de contratos de servicios en áreas claves, una mayor dificultad para hacer operaciones financieras con entidades bancarias en el exterior, una reducción aún más sensible del crédito externo privado, dificultades para contratar con proveedores internacionales que, hasta ahora, se han mantenido haciendo negocios con venezolanos, y la temida salida de las franquicias de tarjetas de crédito.
De manera que las empresas venezolanas deben tomar en cuenta este asunto, revisar internamente cuáles áreas y qué empresas del Estado resultan más sensibles frente a estas sanciones, pues no todas están sancionadas hasta el momento, y tomar acciones inmediatas para evitar o, si esto no es posible, moderar los impactos que estas decisiones políticas de Washington tendrán sobre sus negocios particulares.