En opinión del abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli, el proceso de “erosión institucional” que sufre Venezuela ha entrado en una etapa “absolutamente inaceptable”.
Su opinión fue a propósito de las amenazas contra la Asamblea Nacional (AN) proferidas este martes tanto por representantes del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial durante acto inaugural del año judicial en Venezuela realizado ayer en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Ya uno perdió la capacidad de asombro”, dijo Raffalli al ser entrevistado este miércoles en el programa La Fuerza es la Unión, que conduce el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba.
“El inicio del año judicial dejó de ser un acto solemne dirigido a dictar lo que se espera sean las pautas de la justicia en el país durante el año, y ha terminado siendo un acto meramente político. Lo que pasa es que ha venido in crescendo esa tendencia a politizar”, dijo el constitucionalista, de acuerdo a una nota de prensa.
El también docente universitario explicó que en las sociedades democráticas existen tres árbitros: el electoral, el militar y el judicial. “Si en una sociedad vemos que las fuerzas armadas están politizadas, al menos en su más alto nivel; si el Poder Electoral, en lugar de fomentar la participación política y facilitar la vida a los partidos para que hayan más elecciones, se dedica a hacer exactamente lo contrario; y si el Poder Judicial está absolutamente avocado a resolver causas políticas en favor del Gobierno, entonces no hay árbitros institucionales, no hay institucionalidad”, aseguró.
Indicó que esos árbitros están para resolver la conflictividad social que hay entre los individuos, llámese diferencias políticas o ideológicas o legales. “Al no existir ese arbitraje el país queda al descampado, queda sin el dibujo constitucional que debe regirlo. Además de eso es importante señalar que esos árbitros, empezando por el TSJ, deben ser imparciales. Ese es el deber ser de un árbitro. Cuando un árbitro se parcializa en su discurso, y peor, en su ejecutoria, se pierde la función natural de ese árbitro”, prosiguió.
“De modo que estamos ante un proceso de erosión institucional progresiva donde se ataca a la iglesia, se ilegalizan partidos. La institucionalidad está menguada en los términos previstos en la Constitución”, dijo.
Al continuar su reflexión, Raffalli indicó que el Poder Legislativo es la base sobre la cual descansa la representatividad popular y la legitimidad democrática. Refirió que la actual Asamblea Nacional fue electa por 14 millones de venezolanos en los comicios realizados el 6 de diciembre de 2015, mientras que la Constitución de 1999 fue votada por dos millones 300 mil personas.
“Es decir, si el pueblo soberano es ese poder constituyente, ese poder originario del que hablaba (el expresidente Hugo) Chávez, pues tenemos nada más y nada menos que cinco veces más personas que legitimaron a esa AN respecto de lo que lo fue la Constitución. Se trata del poder público más legítimo y más democrático, porque, a diferencia del presidente (de la República), que es uno solo y que es electo en todo el país, la AN, además de ser un cuerpo colegiado, está conformada por representantes elegidos por regiones. Entonces, pretender que unos magistrados que no han sido electos sino designados tomen una actitud en contra de ese poder legítimo y democrático, va directamente al traste o a contrapelo de lo que dice la Carta Magna, la racionalidad y la democracia”, aseveró.
Raffalli advirtió que hay algunos abogados constitucionalistas que se han dedicado a alimentar ese discurso “y a justificarlo bajo una figura insólita, lo que ellos llaman la mayoría circunstancial. ¡Qué mayoría circunstancial, si la oposición obtuvo ocho millones de votos y alcanzó los dos tercios del Parlamento. Eso no es una circunstancialidad, eso es una reacción popular y un deseo de cambio manifestado libérrimamente a través del voto. ¿Cuando soy minoría, es circunstancial?”, cuestionó.
Al respecto, comentó lo dicho hace pocos días por el diputado Héctor Rodríguez, del partido de Gobierno, quien aseguró que para el PSUV las elecciones no son una prioridad en este momento. “Un partido que no tiene como prioridad el tema electoral, no tiene vocación de participación política y debería autodisolverse, como dicen ellos. Porque para eso es que están los partidos”, ripostó Raffalli.
“En todo caso, insisto, esto está entrando en una fase ya absolutamente inaceptable. El contenido de las decisiones que se toman en el TSJ es cada vez más impresentable. Se analiza en las facultades de Derecho de todo el mundo como un ejemplo de lo que no debe ser”, precisó.
Raffalli resaltó “por vil” el tema del supuesto desacato por parte de la AN, dictaminado por el TSJ, y el cual, en su opinión, no existe. Recordó que se tomó una medida cautelar sobre un caso que afecta a unos individuos que dicen que se cometió un delito electoral en el estado Amazonas, la cual, ni siquiera, resuelve el fondo del asunto. “¿Cómo en un país, que es federal, se deja a un estado sin representación en la AN y a unos diputados sin poder participar de ese debate político?”, se planteó al referirse a los cuatro diputados – tres de la Unidad Democrática y uno del PSUV – que fueron desincorporados de sus curules.
Subrayó que ha pasado un año y dos meses – es decir, una quinta parte del periodo constitucional – desde que se interpuso esta demanda sin que la Sala Electoral del TSJ la haya resuelto. “O tiene pruebas evidentes y declara con lugar la nulidad (de las elecciones en ese estado) y procede a ordenar una nueva elección, o hace exactamente lo que corresponde en caso de dudas, en los que simple y llanamente la acción no debe prosperar y se mantiene (a los diputados) que fueron proclamados legal y legítimamente por el CNE”, señaló el experto.
“Lo que se quiere es tener la figura del supuesto desacato como una especie de arma letal para a anular a la AN. Pero eso no es ni siquiera un barniz lo suficientemente grueso para que la gente se confunda. Aquí todo el mundo está claro con respecto a lo del (supuesto) desacato. Esa una excusa de la peor ralea para desconocer al poder público más democrático y más legítimo, que es la AN”, concluyó.
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