Recientemente fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. En consonancia con la situación política del país, su entrada en vigencia ha desatado en ciertos sectores de oposición todo tipo de miedos, intolerancia, antipatía y aversión.
Para unos, reivindica al pueblo; para otros, arreciará la persecución a ciudadanos. Hay quien considera que la Ley “abraza todas las aristas posibles en las que se gesta, reproduce y ramifica la violencia y el odio”, frente a quien opina que “tiene conceptos indeterminados” y podría sea usada para “cercenar la libertad de expresión en Venezuela, pero sobre todo para perseguir a la disidencia”.
Lo que lleva a preguntarnos si nació para dividir e incrementar el odio o para integrar, promover la paz y la armonía ciudadana.
En Venezuela está fuertemente asentado el discurso del odio en tanto acción comunicativa – palabra hablada o escrita, gesto, el símbolo o representación- que fomenta e incita a la violencia, la discriminación o la hostilidad, contra un grupo o sus miembros por su sola pertenencia al mismo.
El discurso de odio a la venezolana cumple con la condición de humillación y atribución de características denigrantes hacia el bando político contrario; al igual que con el criterio de intencionalidad y malignidad, cuando de forma explícita o implícita se incita o invita al interlocutor o lector, a que participe o ejecute acciones cuyo objetivo sea atentar contra la integridad de un determinado grupo, en este caso político.
El discurso de odio entra entonces en conflicto con principios fundamentales como la igualdad, la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión y puede, por tanto, ser utilizado con objetivos más o menos legítimos. Sin embargo, si el discurso no contiene en sí la intencionalidad de atacar a un grupo determinado, entonces no constituye problema suficientemente grave “como para justificar la utilización de los instrumentos legales que protegen a las víctimas” del discurso de odio.
De allí que, en una sociedad políticamente fracturada, más allá de la Ley y su aplicación, es imperante un compromiso nacional para controlar el discurso de odio, la ira y la agresividad que actúa como factor de estigmatización, deshumanización y desencadenante de episodios de violencia.
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