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Ortega Díaz mueve el tablero de la AN con la propuesta de enmienda constitucional

 

La Comisión de Política Interior de la AN es la encargada de revisar, dar luz verde y llevar a la plenaria la propuesta de enmienda de la Constitución hecha por la fiscal en el exilio

Con una labor casi desconocida por el público, la impuesta e ilegal Asamblea Constituyente avanza en la construcción de un texto que reemplace a la niña del fallecido Hugo Chávez: La Constitución aprobada por la ciudadanía en 1999.

Ante ello, la fiscal destituida por esa ANC y actualmente en el exilio, Luisa Ortega Díaz, hizo una propuesta el 30 de octubre para impedir que se reforme el actual texto constitucional.

La propuesta de enmienda es sobre el artículo 333, donde se señala que: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Aquí, el propósito de Ortega Díaz es que se evalúe la posibilidad de incluir una cláusula donde se estipule que la Constitución actual no podrá ser modificada, derogada o cambiada por un lapso de cinco años.

Con ello, la fiscal en el exilio asegura que se activará un “mecanismo de empoderamiento” del Parlamento venezolano y de la ciudadanía para defender el actual texto constitucional, “lo que comportaría una ofensiva jurídica y política contra la deriva autoritaria que intenta dar el último zarpazo a la libertad”.

No es la primera

La respuesta de la AN se dio durante la controvertida sesión ordinaria del martes 6 de noviembre. Por unanimidad, los diputados enviaron la propuesta a la Comisión de Política Interior, encargada de revisar, dar luz verde y llevar nuevamente a la plenaria la petición de la fiscal en el exilio.

Esta no es la primera solicitud de enmienda que maneja el Parlamento venezolano, desde que asumió una mayoría opositora al gobierno de Nicolás Maduro en enero de 2016.

Asamblea Nacional

El 20 de abril de 2016 se aprobó en primera discusión el proyecto de enmienda número 2 de la Constitución, calificado por el entonces presidente de la AN, Henry Ramos Allup, como “el mecanismo más simple, eficiente, seguro y menos gravoso”.

Desde entonces, pasó por una consulta pública y la Comisión la mantiene en su seno con al menos 10 solicitudes de prórroga antes de que pase a una segunda discusión.

La solicitud de enmienda provino de La Causa R y plantea la reducción del período presidencial de 6 a 4 años, la eliminación de la reelección indefinida y el recorte de 12 a 6 años del período de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

¿Enmienda válida?

El abogado y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Gustavo Linares Benzo, considera que esta es una jugada política, pero con una sustancia jurídica por parte de la fiscal. “Lo que sería importante es que se convoque o que se produzca una enmienda, lo ideal sería una reforma, y se someta a referendo”.

Linares Benzo explica que la jugada de la fiscal es que se apruebe esta enmienda e intentar que haya un referendo para el nuevo texto de la ANC. “Si pierden el referendo aprobatorio, no puede volverse a plantear dentro de los siguientes cinco años, y tampoco la Constitución podrá modificarse”.

A juicio del profesor de la UCV, este “movimiento político” que le propone Ortega Díaz al Parlamento venezolano debe ser aprovechado para incentivar al voto, pues “es una manera de destrancar el juego, pero con pleno dominio político y económico”

Por su parte, el abogado constitucionalista José Vicente Haro menciona que esta es una propuesta debatible desde el punto de vista constitucional y jurídico, aunque “políticamente ingenua”.

Haro refiere que es debatible porque desde el punto de vista jurídico, este tipo de “cláusulas pétreas”, es decir, para mantener congelada la Constitución e inmodificable durante un periodo de tiempo, es un tema donde académicamente hay diversas opiniones.

No pueden limitar ni el poder de reforma para impedirlo totalmente ni el poder de enmienda o que el pueblo convoque una ANC, en el entendido que es el soberano y no fue consultado para esta ANC”, señala el constitucionalista.

Además, Haro afirma que la propuesta de Ortega Díaz es “políticamente ingenua” porque si bien puede darse trámite parlamentario, se admite en Cámara y se active el procedimiento establecido en la Constitución para una enmienda, después de su sanción en cámara indispensablemente debe remitirse al CNE para que se proceda a su consulta.

“Todos sabemos que ese CNE no es independiente, obedece directrices del partido de Gobierno y esa misma ANC, y sabemos que no aceptará este tipo de trámites. Si la enmienda no está aprobada por el pueblo, eso no tiene valor”, sentencia el abogado.

A lo “mero macho”

Linares Benzo afirma que la ANC es “fuerza bruta” impuesta desde el Ejecutivo comandado por Nicolás Maduro para consolidar su proyecto político.

“Hay que insistir mil veces en que esa ANC es inconstitucional e ilegítima porque no fue aprobada por un referendo popular. No bastaba con un decreto del presidente de la República porque estamos viendo cómo se cambia la Constitución y se hará sin un referendo”, sentencia el especialista en derecho administrativo.

La constituyente tiene carácter ilegal debido a su origen presidencialista, pues la consulta propuesta por Nicolás Maduro no fue ratificada por el pueblo, donde reside la soberanía, como dicta la Constitución vigente

A ello se suma su conformación, que no respetó el principio de “un elector, un voto”, y las denuncias de fraude durante las elecciones para la escogencia de sus integrantes. La instalación de esta ANC fue rechazada por más de 40 países, al igual que organismos como la ONU y la OEA, pues no contribuye a la resolución de la crisis política venezolana.

Desde el 4 de agosto, las decisiones que han emanado de la ANC se han centrado en la persecución política de funcionarios públicos como la fiscal Luisa Ortega Díaz, quién fue removida de su cargo; además de ratificar la detención de diputados a la Asamblea Nacional, dictar “leyes y decretos constitucionales” y asumir las funciones del Poder Legislativo, bajo la excusa del “desacato”.

Diosdado reforma, Constitución niega

El 19 de octubre de 2018, el actual presidente de la ANC, Diosdado Cabello, insinuó que el texto constitucional del 99 podría ser reformado y no derogado, como se establece en el artículo 347.

El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.

Cabello dice que “esta (Carta Magna) establece los mecanismos para modificarla, para hacer una enmienda, hacer una nueva Constitución o permite reestructurar las leyes porque el poder constituyente se convierte en instituyente y genera sus propias leyes. Yo no tengo dudas de que la comuna es el poder Constituyente”.

A juicio de Gustavo Linares Benzo, la ANC da interpretaciones falsas “porque el derecho no puede permitir la presencia de un ente todopoderoso. El derecho público por esencia son límites. Venezuela ha entrado en un periodo post jurídico”.

También refiere que una reforma o enmienda sería nula, porque solo le corresponde a la Asamblea Nacional, aunque considera que esa reforma que realice la ANC de Cabello si podría llamarse una nueva Constitución, debido a que no será un “cambio estético” sino elementos estructurales que cambiarán la división de poderes en el país.

 

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