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Análisis: Fiscal General aprieta al gobierno de Maduro

 

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, arreció este lunes su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro, al acusar al máximo tribunal de justicia de agravar con su parcialidad la violenta crisis que sufre Venezuela desde hace dos meses y medio.

AFP

Ortega, confesa chavista ahora considerada “traidora” por el gobierno, impugnó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el nombramiento de 33 de sus magistrados, por considerar que esa designación se produjo en un proceso “irregular”, en diciembre de 2015, por el entonces saliente Parlamento de mayoría oficialista.

“La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario lo que se encarga es de acelerar la crisis”, declaró la fiscal.

En una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad de 2015, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialismo, nombró y juramentó a 13 magistrados titulares (de un total de 32) y 20 suplentes, pocos días antes de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomara el control legislativo.

La fiscal pretende que los 33 magistrados cuyo nombramiento objeta se abstengan de decidir en este caso. “Espero que el tribunal entre a decidir esta nueva solicitud que estoy haciendo y que se inhiban los magistrados involucrados”, dijo.

La oposición siempre ha acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal vienen a profundizar, no solo las fracturas del chavismo, sino la severa crisis institucional que vive Venezuela desde que la oposición logró una aplastante mayoría parlamentaria, por primera vez en 18 años de hegemonía chavista.

Ortega, abogada de 59 años, se ha convertido en la más dura crítica del gobierno de Maduro, en momentos en que enfrenta violentas protestas opositoras que exigen su salida del poder, y que dejan 66 muertos en dos meses y medio.

La fiscal se distanció de Maduro desde que el 31 de marzo consideró una “ruptura del orden constitucional” un fallo con el TSJ se adjudicó las funciones del Parlamento, la chispa que encendió las protestas.

– “Inepta e incapaz” –

La fiscal impugnó a los magistrados poco después de que el TSJ declarara “inadmisible” un recurso de nulidad que interpuso el pasado jueves contra la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro. “Ni siquiera entra a analizar el fondo”, lamentó Ortega.

El TSJ argumentó que ese recurso contenía una “inepta acumulación de pretensiones” y frenó así una movilización de venezolanos que, convocados por la MUD, pretendían adherirse a esa solicitud y formalizar su rechazo a la Constituyente.

Unos 200 seguidores del gobierno y opositores intercambiaron insultos y golpes en los alrededores del TSJ, donde se concentraron temprano en la mañana aunque sus accesos fueron bloqueados por militares.

“No quieren que el pueblo se manifieste en contra de la Constituyente, que se vea la cantidad de gente que la rechaza”, declaró a AFP la joven manifestante María Rodríguez.

Según una encuesta de Datanálisis, 85% de los venezolanos rechaza modificar la Constitución de 1999.

El gobierno “le tiene miedo a la movilización del pueblo y están profundizándose las divisiones dentro del chavismo”, dijo el vicepresidente legislativo, el opositor Freddy Guevara.

La sentencia “despeja toda duda sobre ausencia de remedios judiciales”, opinó el constitucionalista José Ignacio Hernández.

“Inepta significa que es incapaz”, dijo irónicamente el poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente, al asegurar que la fiscal presentó un recurso “sin fundamentos”.

– “Más calle” –

Ortega rechaza la Constituyente, al considerar que su convocatoria y la definición del sistema de elección de los asambleístas (545) no son potestad de Maduro sino de los venezolanos consultados en referendo, como hizo el presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, con la Carta Magna de 1999.

En un abierto desafío a Maduro, la fiscal, a quien apoyan figuras del chavismo disidente, llamó entonces a la población a oponerse a la Constituyente.

Mencionándola por primera vez por su nombre, el presidente socialista aseguró el domingo que la fiscal se convirtió “en la líder de opinión de los sectores opositores” a la Constituyente.

“La conducta del gobierno hacia la fiscal sigue subiendo el volumen para que la comunidad internacional termine de entender la gravedad de la crisis venezolana”, aseguró el líder opositor Henrique Capriles, tras prometer más manifestaciones.

La MUD descartó participar en la Constituyente al considerarla un “fraude” con el que -asegura- el chavismo pretende hacer una Carta Magna “a la cubana” para perpetuarse en el poder.

La oposición sostiene que el chavismo busca asumir el control de la Asamblea Constituyente porque será un “suprapoder” una vez sea elegida el 30 de julio. Según oficialistas, entre sus primeras tareas estará destituir a la fiscal.

 

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