En el marco de la primera reunión entre los constituyentistas y el Consejo Nacional de Economía Productiva, el representante de los empresarios, Oscar Schemel, hablando sobre las medidas a tomar para superar la actual coyuntura económica, propuso la eliminación de los controles del Estado, particularmente el de precios. La argumentación esgrimida es ampliamente conocida: el control de precios ha rezagado tanto los mismos que es imposible que los productos se produzcan –pues no es rentable– y por tanto que la gente los encuentre.
Se trata de una idea tan poderosamente arraigada en el imaginario que, de hecho, la propuesta arrancó aplausos entre varios de los asistentes a la actividad, lo que hace suponer que la comparten. Ahora, lo más asombroso no es que nunca nadie ha presentado en realidad pruebas que confirmen su tesis, sino que más bien resulta que la evidencia disponible demuestra lo contrario.
La aseveración es aún más polémica en la actualidad pues, como cualquiera que haga mercado puede constatar, lo cierto es que el control de precios ya no existe más allá de la formalidad, en la medida en que fue superado por el desacato impulsado por los promotores de la guerra económica, pero también –hay que reconocerlo– por las debilidades institucionales, e inclusive por la propia acción de algunas políticas gubernamentales como, por ejemplo, permitir la venta de productos importados a tasas diferentes a las oficiales.
Es decir: de ser válido lo afirmado por Schemel, hace rato que los problemas de desabastecimiento e inflación se hubiesen superado, pues como él mismo reconoció en su discurso: “lo que tenemos hoy son controles que no controlan nada”. Tanto los productores como los importadores y comerciantes, simple y llanamente venden a los precios que mejor les parece haciendo caso omiso a lo que el gobierno haya establecido al respecto.
Pero otro detalle que suelen pasar por alto quienes achacan al control de precios la generación de inflación y escasez, es que estos males no solo se sufren con productos que en algún momento fueron objeto de regulación, sino también con otros que no. Este es el caso de los repuestos de vehículos y muchas medicinas, pero también de algunos alimentos, como por ejemplo la margarina y la mantequilla, así como una larga lista de vegetales, tubérculos y hortalizas.
Otra cosa, como decía, se evidencia en el comportamiento de los productos en el marco del control de precios, no es lo afirmado por Schemel y el resto de los defensores de dicha especie. A este respecto quisiera rescatar un trabajo publicado acá mismo en 15 y Último en abril de 2016, denominado La Polar y el minuet del desabastecimiento, las divisas y los precios, en el cual se realizó un pequeño y simple, pero útil, ejercicio, consistente en establecer la correlación temporal entre las variables “precio controlado” y “abastecimiento” aplicada al caso de varios productos del célebre oligopolio, caracterizados por haberse vuelto escasos y caros.
La idea del ejercicio era determinar el comportamiento de los mismos, de manera de comprobar qué tan cierta era la afirmación según la cual el control de precios causaba automáticamente desabastecimiento y, por tanto, suba de precios. Las correlaciones fueron hechas por la profesora Pasqualina Curcio y forman parte de los análisis contenidos en su ya célebre La mano visible del mercado, texto ampliamente recomendado por el presidente Nicolás Maduro como base explicativa a la situación que estamos viviendo.
Como decía, el ejercicio es bastante simple, al punto de que lo único que requiere es un poco de sentido común para su comprensión. La cosa es así: dado que se asegura que el control de precios es el principal factor distorsionante de nuestra economía (pues no permite que se fijen los precios reales de mercado, se produzcan los productos y por tanto la población los consiga), habría que asumir que el precio que marcaban los productos antes de su regulación era un precio de equilibrio de mercado fijado por la oferta y la demanda, que es como se nos dice debería ser, y no por el gobierno. En la medida en que el control de precios comenzó en el año 2003, asumimos que los precios de aquel año eran los “óptimos” o “reales”. De tal suerte, a efectos de la correlación, el precio en 2003 de los productos se toma como precio base o “real” frente al regulado o “irreal”.
De allí que lo que se hizo fue seguir la evolución de los precios regulados dentro del marco del control, asumiendo que el precio “real”, de haber evolucionado naturalmente y no mantenerse fijado por el Estado, lo habría hecho ajustado al INPC, es decir, al ritmo de la inflación de los otros alimentos. Luego, se comparó dicha evolución con la disponibilidad del producto ofrecida por la Hoja de Balance de Alimentos que publica el Instituto Nacional de Nutrición. Se hizo la medición hasta 2013, pues es hasta ese año que está publicada la Hoja. Pero alcanza para hacerse una idea de las cosas, pues ya entonces padecíamos problemas de escasez.
Revisemos el caso de la harina de maíz, uno de los bienes más consumidos por los venezolanos y venezolanas, de los que más ha escaseado y de los que más aumentos de precios ha sufrido. Como se puede observar en la gráfica, más abajo, desde 2003 hasta 2013 se registra una tendencia relativamente constante de disponibilidad de la misma. Al comparar los extremos de la serie, observamos que en el año 2003 estuvieron disponibles 35,4 kilogramos anuales de harina de maíz por persona. Mientras que en 2013, 36,1 kilogramos al año.
En cuanto al precio regulado observamos que este muestra una tendencia decreciente desde 2003 hasta 2013. Sin embargo, la disponibilidad de mercado de la harina de maíz no disminuyó a lo largo del período en estudio. Si efectivamente los precios regulados se rezagaron con respecto al comportamiento de los precios generales de la economía, era de esperar que la producción/importación también disminuyera. No obstante, las tendencias son contrarias, y estadísticamente la correlación es negativa (el coeficiente de Pearson es -0,349). También observamos, contrario a lo esperado, cómo a partir de 2010 hay un mayor ajuste y recuperación de los precios regulados. Y sin embargo, la disponibilidad muestra una tendencia descendente.
Como las empresas son las primeras en decir que nunca producen a pérdida, debemos entender que los precios máximos fijados de la harina de maíz, en todo momento, se mantuvieron por encima de los costos de los medios de producción. De lo contrario, no hubiesen producido. De más está recordar que, como el dueño de la Polar es el primero en afirmar, el peso de la producción de las empresas públicas y privadas no es significativo para explicar este comportamiento de la disponibilidad.
Ahora bien, ¿qué ha pasado desde 2013 hasta entonces? En otro trabajo publicado por Pasqualina Curcio en noviembre de 2016, Nuevo ajuste de los precios regulados ¿Garantía de abastecimiento o financiamiento de las agresiones económicas contra el pueblo?, se volvió a analizar el comportamiento de la harina de maíz. Para este entonces ya habíamos entrado los venezolanos y las venezolanas en la dinámica de desaparición de los productos y su posterior aparición a precios increíbles, y, sin embargo, los reportes que la empresa Polar publicaba en su página web decían no solo que la producción se había mantenido, sino que había incluso aumentado.
En otras palabras: según la Polar, se estaba produciendo harina con total normalidad, no obstante, en la calle le gente tenía que peregrinar y hacer colas para conseguirla. Esta situación fue más notoria desde junio de 2013 hasta el 6 de diciembre de 2015, es decir, el día de la realización de las elecciones parlamentarias, ganadas ampliamente por el oposicionismo.
La gráfica siguiente muestra que desde diciembre de 2014 la producción de harina precocida se mantuvo relativamente igual hasta marzo de 2016, sin embargo el consumo en el segundo semestre de 2015 disminuyó. Resalta la disminución importante del consumo entre octubre y noviembre de 2015 a pesar de que la producción prácticamente se mantuvo constante.
No fue sino hasta justamente después de las elecciones, la semana siguiente, que el consumo comienza a recuperarse, incluso superando los niveles de producción. Pareciera que este producto, el cual fue fabricado, hubiese quedado en los almacenes durante el segundo semestre de 2015, siendo liberado luego de pasadas las elecciones. Cualquier mal pensado diría que con el propósito de afectar el resultado de las mismas
.
En abril de 2016 fueron creados los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, a partir de esa fecha, y hasta ahora, comenzó a disminuir la producción de harina de maíz: esto a pesar del incremento de precios, en mayo de 2016 de Bs. 19,00 a Bs. 190,00, es decir, 900%. Precio que luego pasó a cerca de Bs. 700 a comienzos de 2017, para ubicarse actualmente en Bs. 860. A eso hay que sumarle el acuerdo existente entre el gobierno, la empresa y los productores para garantizar la disponibilidad de maíz para el procesamiento. Sin embargo, pese a todo eso, pese al aumento de más de 4 mil por ciento en poco más de un año y la garantía de acceso a la materia prima, hoy no solo se consigue menos harina que antes en las calles, sino que, además, la que se consigue está a precios estratosféricos. En la actualidad, hasta 11 mil bolívares puede costar un kilo de harina de maíz de la marca Pan, tanto en comercios formales como informales.
Lo que esto significa es que el debate sobre los precios no puede reducirse a la simple existencia del control de precios (lo que no significa que los mecanismos de control no deban ser revisados), no solo porque no es cierta la culpabilidad achacada al mismo, sino porque conduce a la errónea conclusión de que basta con eliminar el control para que todo vuelva a la normalidad. Si este fuera el caso, entonces no se explica cómo durante 2003 y 2012, cuando el control de precios fue más estricto, la inflación fue menos de la mitad que la registrada durante la década anterior cuando no existían controles. De hecho, poco se recuerda que durante 2012, año electoral, la inflación registrada fue siete punto menor que la de 2011.
En efecto, entre los años 1989 –primer año del ajuste neoliberal durante el segundo mandato de CAP– y 2002 –último año antes de la entrada en vigencia del control de precios decretado por el presidente Hugo Chávez, luego del sabotaje petrolero y el fracaso de la política de estabilización del entonces ministro de Planificación Felipe Pérez Martí– la inflación registrada promedio anual fue de 52,45%, con un pico en el año 1996 de 103,3%. En comparación, entre 2003 y 2012 la inflación promedio anual fue de 23,11%, es decir, prácticamente la mitad, gracias precisamente al control de precios.
Y tampoco se explicaría, ya para cerrar, lo que pasa con la inflación en Argentina luego de la llegada del neoliberal Macri a la presidencia. Montados sobre un discurso de demonizar al gobierno de Cristina Fernández, culpando a los controles, de precios y de cambio, de la existencia de un 20% de inflación en 2015, hoy día, a más de un año de dejado sin efecto el control de precios y eliminado el de cambio, la inflación es más del doble.
Globovisión
CostadelSolfm931 Twitter: @ftovar432