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Johnny Galue: Cualquier cosa puede pasar

(Lo que la Asamblea Nacional, partidos de oposición y la MUD se niegan a informar a los venezolanos)

En 1739, cuando se nombró a Martín de Lardizábal como gobernador de Venezuela y capitán general de Maracaibo, Cumaná, Guayana, Trinidad y Margarita, se dio a conocer la reconstitución del virreinato de la Nueva Granada cuando el rey se refiere a Caracas, como el territorio de su Capitanía General y de esta manera es como se presenta notoria, la jurisdicción militar el gobernador de la provincia de Caracas, quién tenía superioridad sobre las otras provincias. Todas las provincias del virreinato fueron reunidas en tres comandancias militares generales: Caracas, Portobelo y Cartagena. Asimismo, por cédula real, la Nueva Andalucía fue separada del virreinato de Nueva Granada, y con las provincias de Caracas, Maracaibo y Guayana, y las islas de Margarita y Trinidad, se constituyó la Capitanía General de Venezuela.

Superada la gesta independentista, en Venezuela las provincias se constituyeron en Estados miembros, que luego paso a ser Estados Unidos de Venezuela, donde se reservaron, las provincias (hoy Estados) mantener su esquema legal de algunas competencias, entre ellas la representación proporcional ante lo que se conoció como Cámara del Senado y el Congreso Nacional. A los efectos de Mantener la Unidad Territorial de sus Entidades Federales.

Pocas veces ha habido tanta distancia en la democracia Venezolana entre la palabra y los hechos como Hoy. Los venezolanos hemos podido conocer, la ley secreta de ruptura o desconexión preparada por el secesionismo para lanzar la independencia de las provincias que desde 1811 componen o integran a la República de Venezuela.

Se trata de unas decisiones de contenidos extraordinariamente preocupantes, anti estatutarios y anti constitucionales, sí, pero aún peor, de contornos autoritarios, antidemocráticos y divisivos de la ciudadanía venezolana.

Estos pronunciamientos del Presidente, del T.S.J y del Consejo Nacional Electoral,  son una ruptura y jurídicamente un despropósito y un fraude.

Pretende regular una “transición” y se autodenomina “constituyente”, al confundir deliberada mente términos como convocatoria e iniciativa, términos incompatibles. Estos pronunciamientos han derogado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin ni siquiera atender el requerido quorum.

Se pretende someter a votación súbita y exprés mediante un cambio capcioso, no solo de la Constitución sino que además han decretado jurídicamente la desintegración de la República Bolivariana de Venezuela,  para asfixiar no solo a la oposición sino a todos los venezolanos. Que  contempla la celebración de una Constituyente, con constituyentitas sectoriales, sin neutralidad alguna irrespetando la representación proporcional de los Estados Miembros de la República Bolivariana de Venezuela.

Es un escándalo democrático mayúsculo, que en primer lugar atenta contra los derechos y las libertades de cada uno de los Estados que componen la República Bolivariana de Venezuela. Tal como vienen reconocidos en el ordenamiento vigente. Por lo demás, el llamado a Constituyente y las decisiones del T.S.J, no es ya un modelo de baja calidad democrática, sino de frontal violación de los pilares de las democracias avanzadas asentadas en Estados de derecho.

Así, la justicia en Venezuela, demuestra una vez más, que no es independiente, sino que sigue las pautas sectarias para desintegrar la Republica. Estas decisiones, usurpan legítimas funciones propias tanto del Estado Venezolano Federal y las provincias que la componen.

Nada de todo, eso explica ni la Asamblea Nacional ni los partidos opositores, HAN INFORMADO. A los venezolanos,  nos corresponde contribuir a encauzar el problema. Y a las Fuerzas Armadas Nacionales, solo tienen una forma de certificar su lealtad a la Constitución, la retirada absoluta y sin tapujos del autoritario llamado a Constituyente, de forma que se elimine todo indicio que constituye un instrumento de disolución del Estado y una amenaza sin parangón a los derechos democráticos de los venezolanos.

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